El defensor del Pueblo ha constatado en su último informe anual un aumento de renuncias a viviendas con algún tipo de protección pública por quienes habían resultado adjudicatarios de las mismas.
Entre las razones alegadas se encuentran las de carácter económico, derivadas de la supresión de ayudas a la adquisición de la vivienda, la denegación de la supererogación en el préstamo por parte de las entidades financieras, la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar, que la crisis laboral convierte en muy difícil alcanzar, la pérdida de ingresos como consecuencia del desempleo o la incertidumbre económica existente en muchas unidades familiares que supone un freno a proyectos de futuro.
" Esta es una realidad que necesariamente debe tomarse en consideración por los poderes públicos en el diseño de las políticas de vivienda ", ha indicado la Institución.
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